El juez amplía la investigación sobre la trama: el papel clave de la secretaria de Zapatero bajo la lupa

El instructor ordena nuevos registros y el volcado de dispositivos de Gertrudis Alcázar, considerada pieza central en una presunta red de blanqueo y tráfico de influencias.

La investigación judicial en torno a la presunta trama de blanqueo de capitales y tráfico de influencias que ha llevado a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero continúa ampliándose con nuevas diligencias ordenadas por la Audiencia Nacional.

El juez instructor, José Luis Calama, ha solicitado este martes una serie de registros adicionales con el objetivo de incorporar nueva documentación a la causa, que permanece bajo secreto de sumario recientemente levantado parcialmente. Entre las actuaciones más relevantes figura el análisis exhaustivo de los dispositivos electrónicos de la secretaria del exmandatario, Gertrudis Alcázar, a quien el magistrado atribuye un papel operativo de especial relevancia.

Según el auto judicial, Alcázar habría actuado como “pieza operativa esencial” dentro de la estructura investigada, al ser la “usuaria principal” de la cuenta de correo electrónico vinculada al expresidente, lo que la convertiría en un “nodo central de comunicación y gestión documental”.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya ha practicado diversos registros en empresas y despachos relacionados con la causa, incluido el entorno profesional del propio expresidente en la calle Ferraz de Madrid, donde Alcázar desarrollaba parte de su actividad.

El juez ha autorizado expresamente la intervención de su teléfono móvil y dispositivos de almacenamiento, al considerar que podrían contener información clave para la investigación y para evitar la posible pérdida o manipulación de datos relevantes.

En el marco del auto, el magistrado sostiene que Alcázar, junto al gestor Cristóbal Cano, habría desempeñado funciones de coordinación y elaboración documental dentro de la estructura investigada, encargándose de dar soporte formal a determinadas operaciones atribuidas a la supuesta red.

De acuerdo con las pesquisas, el expresidente habría canalizado instrucciones a través de sus asistentes, entre ellas Alcázar y otra empleada administrativa, Judith Laure Wells Surron, mientras que la ejecución operativa recaería en Cano, señalado como responsable de la gestión administrativa vinculada a Julio Martínez Martínez.

En la jerarquía descrita por la investigación, Gertrudis Alcázar aparece como un elemento clave en un nivel intermedio de la estructura, encargada de articular la documentación y dar forma administrativa a los flujos de información internos. El juez la sitúa junto a Cano como parte del núcleo de gestión diaria de la supuesta operativa.

El instructor José Luis Calama detalla además conversaciones intervenidas en las que se alude a la emisión de facturas por importes concretos, así como a la necesidad de consensuar conceptos y ajustes contables, elementos que forman parte del análisis indiciario de la causa.

La investigación apunta a que estas comunicaciones habrían servido para dar apariencia formal a determinados movimientos económicos, en el marco de una estructura en la que, según el auto, se habrían articulado distintos niveles de responsabilidad y ejecución.

Con las nuevas diligencias en marcha, la Audiencia Nacional busca ahora reconstruir con mayor precisión el funcionamiento interno de la supuesta red y delimitar el alcance del papel desempeñado por cada uno de los investigados.