Washington endurece la presión sobre México: EU exige más acciones contra los “narcoterroristas”
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La visita del secretario de Seguridad Nacional reabre tensiones bilaterales mientras crecen las acusaciones de narcotráfico, espionaje y opacidad en la frontera compartida.
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años y Washington parece decidido a elevar la presión.
Durante una visita oficial a Ciudad de México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum “fortalecer los esfuerzos contra los narcoterroristas”, en una señal de que la Casa Blanca busca endurecer la cooperación de seguridad frente al poder creciente de los cárteles mexicanos.
La reunión bilateral abordó temas sensibles para ambos gobiernos: tráfico de drogas, migración irregular, operaciones fronterizas y coordinación en materia de inteligencia. Pero detrás del lenguaje diplomático emergió un mensaje más contundente: Washington considera que la amenaza del narcotráfico se ha convertido en un asunto prioritario de seguridad nacional.
Mullin aseguró que ambos países dialogaron sobre cómo “mantener el progreso” en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos, además de reforzar los compromisos operativos en la frontera compartida. También reivindicó la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, afirmando que Estados Unidos ha alcanzado una “seguridad fronteriza histórica”.
La visita ocurre en un contexto explosivo.
En las últimas semanas, las tensiones entre ambos países se intensificaron tras la muerte de dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) en un accidente ocurrido en las montañas entre Chihuahua y Sinaloa, una región marcada por la presencia de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. El gobierno mexicano protestó formalmente después de descubrir que Washington no había informado previamente sobre la presencia ni las actividades de los agentes estadounidenses en territorio nacional.
Al mismo tiempo, la fiscalía federal de Nueva York acusó de narcotráfico y tráfico ilegal de armas a diez funcionarios mexicanos, incluidos políticos vinculados al gobernante partido Morena. Entre los señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Las acusaciones provocaron un terremoto político en México. Rocha y Gámez solicitaron licencias temporales para facilitar las investigaciones, mientras dos exfuncionarios estatales ya se entregaron a autoridades estadounidenses. La Fiscalía General de México condicionó cualquier detención formal a que Estados Unidos entregue las pruebas del caso.
Sheinbaum confirmó además que los diez acusados cuentan con ficha roja de Interpol, lo que permitiría su arresto fuera del país.
Pese al endurecimiento del discurso estadounidense, la presidenta mexicana intentó mantener un tono conciliador. Tras el encuentro, afirmó que ambos gobiernos acordaron continuar colaborando “en el marco del respeto” mutuo. La Cancillería mexicana insistió en que el diálogo permanente seguirá siendo clave para preservar la cooperación bilateral.
Uno de los pocos puntos de consenso fue la migración.
Según cifras presentadas por el gobierno mexicano, el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos cayó 97,5 % desde el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump. De acuerdo con Sheinbaum, los cruces irregulares pasaron de más de 305.000 personas en diciembre de 2023 a poco más de 7.600 este mes, el nivel más bajo en medio siglo.
Pero incluso en medio de esa cooperación, persisten nuevas fricciones. Antes de reunirse con Mullin, Sheinbaum adelantó que plantearía la preocupación de México por la muerte de 15 migrantes mexicanos en centros de detención del Immigration and Customs Enforcement (ICE) desde 2025. El gobierno mexicano ya anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La relación bilateral, históricamente marcada por la interdependencia y la desconfianza, entra así en una nueva etapa: una en la que la seguridad, el narcotráfico y la soberanía vuelven a colocarse en el centro de una agenda cada vez más tensa.