Acusaciones desde EE.UU. sacuden a Sinaloa: Rubén Rocha niega vínculos con el narcotráfico

La política mexicana volvió a quedar bajo una intensa tormenta luego de que el gobierno de Estados Unidos señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y colaboración con el Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, provocó una ola de reacciones políticas, diplomáticas y sociales que rápidamente colocaron el tema en el centro de la atención nacional.

Según el informe difundido el miércoles, Rocha no estaría solo en la investigación. Otras nueve personas —entre ellas funcionarios y exfuncionarios sinaloenses— también fueron incluidas en el expediente. Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el envío masivo de narcóticos hacia territorio norteamericano.

El documento judicial señala directamente a Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como una pieza clave dentro de la supuesta red de protección política. De acuerdo con la acusación, este grupo criminal habría respaldado a Rocha desde su campaña para llegar a la gubernatura en 2021. Además, las autoridades aseguran que el mandatario estatal sostuvo reuniones con líderes del grupo y prometió favorecer sus operaciones.

Uno de los fragmentos más explosivos del expediente afirma que Rocha permitió que Los Chapitos operaran “con impunidad” dentro de Sinaloa. También acusa a integrantes de su administración de facilitar la llegada de funcionarios presuntamente corruptos a puestos estratégicos dentro del gobierno estatal y de corporaciones encargadas de la seguridad pública.

La gravedad de las acusaciones elevó inmediatamente la tensión política. En caso de ser hallado culpable en un tribunal estadounidense, Rocha podría enfrentar una condena que iría desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

La respuesta del gobernador no tardó en llegar. A través de un mensaje publicado en X, Rocha rechazó de manera absoluta todas las acusaciones y aseguró que forman parte de un ataque político contra la llamada “Cuarta Transformación”, el proyecto encabezado por Morena.

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra”, escribió el gobernador, quien además afirmó que las acusaciones carecen de fundamentos y serán desmentidas en el momento oportuno.

Rocha también aseguró que el caso representa una agresión contra la soberanía nacional mexicana. Según el mandatario, las acciones impulsadas desde Estados Unidos buscan intervenir políticamente en México utilizando acusaciones judiciales como herramienta de presión.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense endureció su postura. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la corrupción que favorece al crimen organizado será perseguida en todos los casos donde exista jurisdicción estadounidense.

Aunque evitó profundizar en detalles específicos de la investigación, el diplomático dejó claro que Washington considera prioritario combatir cualquier estructura política o institucional que facilite las operaciones del narcotráfico.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra varias personas mencionadas en el caso. Sin embargo, aclaró que la documentación enviada por Estados Unidos todavía no contiene pruebas suficientes para determinar responsabilidades penales de manera inmediata.

La Fiscalía General de la República será la encargada de revisar el expediente y decidir si existen elementos jurídicos para iniciar procesos en México. El fiscal especial Ulises Lara explicó que, debido al cargo que ocupa Rocha, sería necesario retirar previamente su inmunidad procesal mediante un procedimiento legislativo antes de poder actuar penalmente en su contra.

La noticia provocó una inmediata confrontación política.

Desde Morena, varios líderes cerraron filas alrededor del gobernador. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del partido oficialista, calificó las acusaciones como “un asunto político” y pidió esperar a que las autoridades mexicanas revisen las pruebas antes de emitir conclusiones.

Por el contrario, la oposición aprovechó el momento para lanzar duras críticas contra Morena y el gobierno federal. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, pidió que Rocha se separe del cargo para permitir una investigación transparente.

El Partido Revolucionario Institucional fue todavía más lejos y aseguró que las acusaciones reflejan la supuesta relación entre Morena y el narcotráfico. En un comunicado, el PRI afirmó que la violencia y la impunidad que vive México son consecuencia de gobiernos que han permitido el crecimiento del crimen organizado.

El intercambio de acusaciones rápidamente encendió el debate público. Mientras simpatizantes del oficialismo denuncian una posible intromisión extranjera, sectores críticos consideran que el caso revela nuevamente la profunda infiltración del narcotráfico en distintas estructuras políticas del país.

Sinaloa, históricamente ligado al surgimiento de algunos de los cárteles más poderosos del continente, vuelve así al centro de una polémica internacional que amenaza con tensar aún más la relación entre México y Estados Unidos.

Por ahora, el futuro político y legal de Rubén Rocha permanece incierto. Las investigaciones apenas comienzan, pero el impacto de las acusaciones ya provocó un terremoto político cuyas consecuencias podrían extenderse mucho más allá de Sinaloa.